•      Aprueban exhorto a la Sedena, a la FGR y a la Cofepris para que respeten los amparos y autorizaciones sanitarias con los que cuentan los campesinos de 6 municipios.

A propuesta del diputado de morena Horacio Sosa, el Pleno del Congreso de Oaxaca exhortó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Cofepris, a que eviten actuar de manera arbitraria en lo relacionado con los cultivos legales de cannabis en Oaxaca.

El exhorto promovido por Sosa Villavicencio, también incluyó un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que vigile la actuación de los agentes que en días pasados se presentaron en la comunidad de Santa Marta Chichihualtepec, Ejutla de Crespo, para amedrentar a productores.

El diputado detalló que hace unas semanas, alrededor de 150 elementos del Ejército Mexicano, la Fiscalía General de la República y la Cofepris, en cerca de 20 camionetas militares y otras 10 aparentemente particulares, se apersonaron en el domicilio de una mujer sembradora.

Mencionó que los agentes, sin identificarse, pidieron que dijeran a las demás personas con autorización para sembrar cannabis que dejen de hacerlo, porque se va a proceder a destruir los plantíos y además se incautarán las tierras.

Sosa Villavicencio agregó que, la Asociación Indígena de Productores de Cannabis ha expresado su temor de que las autoridades puedan cumplir esa amenaza, y además detener a las agricultoras.

Expresó su preocupación ante la posibilidad de que esta conduta se pueda replicar contra las 113 personas que realizan cultivos en las comunidades indígenas de seis municipios de Oaxaca, cuyos sembradíos están amparados por 63 autorizaciones sanitarias de Cofepris, tanto individuales como colectivas.

El diputado Horacio Sosa señaló que quienes realizan estos cultivos no han cometido ningún delito, ni contravenido los términos de la autorización de Cofepris.

Recalcó que la destrucción de los cultivos estaría en evidente contravención de los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, por lo que exigió a las instituciones, dejar de criminalizar el cultivo de Cáñamo y Cannabis.