Oaxaca ante la historia: la ciudadanía debate la revocación de mandato
El próximo domingo 25 de enero, Oaxaca entrará en un terreno inexplorado. Por primera vez en su historia, la ciudadanía acudirá a las urnas no para elegir a un gobernador, sino para decidir si el actual titular del Poder Ejecutivo, Salomón Jara Cruz, debe continuar o no en el cargo por pérdida de confianza.
No es un hecho menor. Se trata de un ejercicio democrático inédito que pone a prueba no solo a un gobierno, sino a las propias instituciones electorales y a la participación ciudadana. La revocación de mandato deja de ser un concepto constitucional abstracto para convertirse en una decisión concreta en la boleta.
Con el objetivo de fomentar un voto informado, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) organizó el segundo foro de discusión, un espacio donde representantes de la sociedad civil confrontaron posturas encontradas sobre el desempeño del gobernador y el alcance real de este mecanismo democrático.
Las críticas: cuentas pendientes y desconfianza
Entre quienes se pronunciaron a favor de la revocación, el argumento central fue la necesidad de que el poder rinda cuentas a mitad del camino. Para este sector, la revocación no es un castigo, sino una conquista ciudadana que busca corregir gobiernos que se alejan de sus promesas.
Ángel de Israelí Cruz Gutiérrez calificó el proceso como una “farsa tramposa” debido a su costo estimado de 124 millones de pesos y a los obstáculos que, dijo, enfrenta cualquier ciudadano sin estructura partidista para reunir el 10% de firmas requeridas para activar el mecanismo. Desde su perspectiva, el diseño del proceso favorece a quienes ya detentan el poder.
En el fondo de la crítica aparecen viejos reclamos: el uso clientelar de la política social, el deterioro del sector salud —con recortes presupuestales de miles de millones de pesos— y señalamientos de nepotismo dentro de la administración estatal.
A estas voces se sumó María Guadalupe Blanco Méndez, quien planteó la revocación como un acto de justicia democrática para comunidades indígenas y colectivos feministas, al considerar que el mecanismo permite evaluar la representatividad del gobierno frente a problemas de justicia, violencia e impunidad.
La defensa: estabilidad, seguridad y continuidad
Del otro lado del debate, quienes se oponen a la revocación advierten sobre los riesgos de interrumpir un proyecto de gobierno a la mitad del sexenio. Su argumento es claro: tres años no bastan para medir el impacto de una administración en un estado con rezagos históricos como Oaxaca.
Sara Cenaida Clavel Guzmán defendió la gestión de Salomón Jara destacando la reducción en los índices delictivos y la implementación de programas sociales dirigidos a jóvenes, como “Mi primera chamba” y la “Tarjeta Joven”, que, aseguró, han generado beneficios directos en sectores tradicionalmente excluidos.
Subrayó además el estilo de gobierno del mandatario, al que describió como cercano al territorio, recorriendo comunidades por vía terrestre y encabezando mesas de seguridad diarias para atender problemáticas locales.
En la misma línea, Marco Antonio Baños Avendaño reconoció que la revocación de mandato fortalece la democracia, pero advirtió que su uso debe ser responsable. Llamó a evitar que el mecanismo se convierta en una herramienta de confrontación política permanente y sostuvo que la gobernabilidad también requiere continuidad.
El reto institucional y la participación
Más allá del debate político, el proceso representa un desafío logístico para el IEEPCO, que proyecta la instalación de más de 2,800 casillas en todo el estado. Para que el resultado sea vinculante, la ley establece un umbral alto: la participación de al menos el 40% de la lista nominal.
El Instituto puso a disposición de la ciudadanía su plataforma digital para consultar la ubicación de las mesas receptoras y acceder a información oficial sobre el proceso. Autoridades electorales y panelistas coincidieron en un punto: independientemente de la postura, informarse y participar es un derecho y una responsabilidad democrática.
Un momento definitorio
El 25 de enero, Oaxaca no solo decidirá sobre la continuidad de un gobernador. Pondrá a prueba un mecanismo que busca equilibrar el poder entre gobernantes y gobernados.
La revocación de mandato no garantiza soluciones inmediatas ni resuelve por sí sola las deudas históricas del estado. Pero sí abre una puerta: la de una ciudadanía que deja de ser espectadora y asume un papel activo en la evaluación del poder.
El resultado, sea cual sea, marcará un precedente.
Y los precedentes, en democracia, también hacen historia.
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