Por primera vez en su historia reciente, Oaxaca abrió un espacio público para discutir, sin intermediarios, si la persona titular del Poder Ejecutivo debe o no concluir su encargo. El ejercicio, organizado por el órgano electoral local, exhibió consensos, tensiones y una pregunta de fondo: ¿hasta dónde llega la soberanía ciudadana?
Oaxaca dio esta semana un paso inédito en su vida democrática. En la sede del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEPCO) se celebró el primer foro de discusión sobre la revocación de mandato del gobernador del estado, un mecanismo previsto en la Constitución federal y en la local, pero que nunca antes había sido puesto en práctica en la entidad.
El encuentro tuvo un tono deliberativo más que confrontativo. No se trató de un mitin ni de un juicio sumario, sino de un ejercicio cuidadosamente diseñado para ofrecer a la ciudadanía argumentos a favor y en contra de la continuidad del gobernador Salomón Jara, de cara a la consulta del próximo 25 de enero. El mensaje institucional fue claro desde el inicio: la democracia “se construye con decisiones” y la revocación de mandato es, ante todo, un derecho ciudadano.
La jornada estuvo marcada por un despliegue poco habitual en este tipo de actos: interpretación simultánea en lenguas indígenas —mixe, mixteco, mazateco y zapoteco— además de lengua de señas mexicana. Un gesto simbólico y práctico en un estado donde la pluralidad lingüística no es un adorno, sino una realidad política.
Un derecho nuevo, una práctica antigua
En la apertura, las autoridades electorales subrayaron el carácter histórico del proceso. La revocación de mandato, explicaron, es un mecanismo de participación directa mediante el cual la ciudadanía decide, a través del voto universal, libre y secreto, si una autoridad conserva o no la confianza popular. Para ello, el IEPCO ha debido organizar en tiempo récord un entramado técnico, normativo y presupuestal que culminará con la instalación de más de 2.800 casillas en todo el estado.
Pero uno de los hilos más interesantes del foro fue la idea, repetida por varios panelistas, de que este ejercicio no es del todo ajeno a la tradición oaxaqueña. Para quienes provienen de comunidades indígenas, la evaluación constante de las autoridades es una práctica cotidiana. En los sistemas normativos internos, recordaron, el cargo no es un cheque en blanco: la asamblea puede retirar la confianza si considera que no se cumplen los acuerdos colectivos.
Desde esa perspectiva habló Pablo Antonio José, abogado y defensor de derechos humanos, quien se pronunció a favor de la revocación. Para él, el mecanismo estatal no es una ruptura, sino una formalización de prácticas comunitarias ancestrales. “La fuerza hoy recae en la ciudadanía”, dijo, al insistir en que el ejercicio permite evaluar compromisos en materia de seguridad, salud, educación e infraestructura, ámbitos donde —a su juicio— persisten deudas importantes.
Continuidad o ruptura
El foro reunió a cuatro panelistas con perfiles y posturas distintas. Dos defendieron la revocación y dos argumentaron a favor de la continuidad del gobernador. El contraste no fue tanto ideológico como de diagnóstico.
Carlos Javier Zorrilla Polo, economista y académico, se posicionó contra la revocación, pero no desde una defensa acrítica del gobierno. Su argumento central fue histórico: Oaxaca, sostuvo, arrastra un rezago estructural desde hace décadas, producto de gobiernos autoritarios, cleptocráticos o ineficientes. En ese contexto, cambiar de rumbo a mitad del sexenio podría significar, más que una corrección, un retroceso costoso. “El cambio no siempre es beneficioso”, advirtió, al recordar experiencias fallidas del pasado reciente. Para él, la revocación debería servir como punto de inflexión para exigir un viraje en las políticas públicas, no necesariamente para interrumpir el mandato.
En una línea similar, aunque con un tono más enfático en los logros del actual gobierno, Valeria García López, abogada y comunicadora, defendió la continuidad como una forma de ratificación democrática. Recordó que la propia iniciativa de someterse a la revocación partió del gobernador y destacó la recolección de cerca de 700.000 firmas que hicieron posible el proceso. Enumeró programas sociales, obras de infraestructura y una relación más estrecha con el gobierno federal como razones para no “dar un paso atrás”. Para ella, la consulta no solo permite destituir, sino también confirmar gobiernos cuando, a juicio de la ciudadanía, “las cosas se están haciendo bien”.
La mirada desde los derechos humanos
Del otro lado del debate, Guadalupe Martínez Pérez, defensora de derechos humanos y comunicadora indígena, puso el acento en las ausencias. Aun reconociendo avances puntuales, cuestionó la falta de pertinencia cultural en políticas de salud, la situación de las mujeres indígenas, la defensa del territorio y la persistencia de la violencia. Desde su óptica, la revocación no debe entenderse como un castigo, sino como una herramienta para profundizar la rendición de cuentas y abrir canales reales de evaluación ciudadana. “La soberanía no se agota con un voto”, insistió.
En ese punto, el foro dejó ver una de sus tensiones centrales: ¿cómo evaluar de manera justa a un gobierno en un estado con profundas desigualdades regionales? ¿Qué indicadores pesan más: los avances cuantificables o las deudas históricas que siguen sin resolverse en comunidades alejadas de los centros urbanos?
Un ejercicio que va más allá del resultado
El formato del foro —dos bloques de preguntas y respuestas y un segmento final de conclusiones— buscó precisamente eso: ofrecer elementos, no consignas. Las intervenciones estuvieron cronometradas, las reglas fueron claras y el énfasis estuvo en la argumentación. Más que convencer, el objetivo parecía ser el de mostrar la complejidad del dilema.
Al cierre, las conclusiones coincidieron en un punto fundamental: independientemente del resultado, la revocación de mandato marcará un precedente. Para unos, porque obligará al gobierno a corregir el rumbo bajo el escrutinio ciudadano; para otros, porque sentará las bases de una democracia más exigente, donde el poder no se ejerce sin supervisión.
Oaxaca llegará así al 25 de enero con un escenario inédito. No solo decidirá sobre la continuidad de un gobernador, sino que pondrá a prueba la capacidad de sus instituciones y de su ciudadanía para deliberar, disentir y decidir en público. En un estado acostumbrado a la movilización y al conflicto, el reto ahora es distinto: convertir la crítica en voto informado y la pluralidad en un ejercicio efectivo de soberanía.
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