Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 14 de julio de 2026.— Jubilados y pensionados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se manifestaron este martes en las inmediaciones del Congreso del Estado de Oaxaca, para exigir a los diputados locales que se sumen a las acciones legislativas que buscan eliminar la aplicación retroactiva de la reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2026, estableció un límite a las jubilaciones y pensiones del personal de confianza de entidades paraestatales como CFE, Pemex y Banobras. Sin embargo, el Artículo Segundo Transitorio del decreto ordena que este nuevo límite se aplique también a pensiones otorgadas con anterioridad y que ya se encuentran vigentes, lo que ha generado inconformidad entre miles de jubilados en distintos estados del país.

De acuerdo con reportes de organizaciones de jubilados, la aplicación retroactiva afecta a alrededor de 93 mil pensionados de Pemex, CFE y Banobras a nivel nacional, con recortes que van a grandes porcentajes de sus ingresos, dependiendo de los años de servicio y el monto de la pensión reconocida.

Los manifestantes en Oaxaca señalaron que sus jubilaciones fueron formalizadas y ratificadas conforme a la ley vigente al momento de su retiro, por lo que consideran que la aplicación de un nuevo límite sobre pensiones ya otorgadas contraviene el principio de irretroactividad establecido en el artículo 14 constitucional.

El caso de Oaxaca se suma a manifestaciones similares registradas en meses recientes en Sinaloa, Veracruz, Sonora y Durango, así como a acciones legislativas impulsadas en otras entidades. En el Congreso de Guanajuato se presentó una iniciativa para reformar el artículo Segundo Transitorio del decreto, con el fin de que el ajuste al límite de pensiones no aplique a jubilaciones otorgadas antes de la entrada en vigor de la reforma.

Los jubilados oaxaqueños solicitaron al Congreso local abrir mesas de diálogo y valorar la posibilidad de emitir un exhorto al Congreso de la Unión, en los mismos términos que ya han planteado legisladores de otras entidades del país.