El comisionado político nacional del Partido del Trabajo, Benjamín Robles Montoya, denunció haber recibido amenazas de muerte a través de mensajes directos en redes sociales y aseguró que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se investigue el origen y la autoría de las amenazas.

En entrevista, Robles Montoya explicó que no se trata, dijo, de los insultos o descalificaciones que suelen formar parte de la actividad política, sino de mensajes que contienen amenazas directas y una instrucción precisa: dejar de mencionar al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, así como dejar de hablar de presuntos negocios y complicidades que el propio Robles ha señalado públicamente.

“Me han dicho que deje de mencionar a Salomón Jara, que deje de hablar de sus negocios y de sus complicidades, porque si no lo hago voy a pagar las consecuencias”, afirmó.

Pero, de acuerdo con el también ex diputado federal, el elemento que elevó la gravedad de la situación fue que las amenazas no se limitaron a su persona.

Dijo que en los mensajes le advirtieron que ya lo estaban vigilando y que también vigilaban a su familia.

Por ello, decidió hacer públicas las amenazas y acudir ante las autoridades correspondientes.

Robles Montoya señaló que entregó a la Fiscalía General de la República el material relacionado con las amenazas, entre ellos el audio, los metadatos y la información de la cuenta desde la cual fueron enviados los mensajes.

Su petición es que se realicen peritajes técnicos que permitan identificar la voz y determinar la autoría material de las amenazas.

Pero quiere que la investigación vaya más allá de identificar el teléfono o la computadora desde donde fueron enviados los mensajes.

El dirigente petista pidió que también se investigue una posible línea política detrás de las amenazas.

“¿A quién beneficia el silencio de Benjamín Robles? ¿A quién beneficia que no critique al gobierno?”, planteó.

Desde su perspectiva, responder esas preguntas debe formar parte de la investigación.

Y es ahí donde Robles Montoya coloca el caso más allá de su situación personal.

Consideró que lo ocurrido no representa únicamente una amenaza contra Benjamín Robles, sino un posible atentado contra la libertad de expresión, al considerar que las amenazas buscan impedir que continúe criticando al poder público.

Por ello, insistió en que no se debe bajar la guardia ni tomar los mensajes como una simple “jalada” de alguien en redes sociales.

Durante la entrevista, además, hizo referencia al asesinato de Alejandro Leiva, ocurrido el pasado 22 de julio, y recordó que, de acuerdo con lo que expuso, había presentado denuncias desde 2005.

Robles Montoya utilizó ese caso para advertir sobre lo que considera un riesgo mayor: que las amenazas contra quienes cuestionan al poder terminen convirtiéndose en agresiones físicas.

“En Oaxaca ya se instaló una idea terrible, una idea que está matando: que si criticas al gobernador tienes que pagarlo con sangre”, sostuvo.

Y afirmó que pretende romper con esa idea mediante una investigación que permita que las amenazas tengan nombre, expediente y, sobre todo, consecuencias jurídicas.

El llamado del dirigente del PT ocurre en un contexto en el que la violencia contra políticos, periodistas y personajes públicos continúa siendo uno de los temas que más preocupación generan.

Por eso, más allá de las diferencias políticas y de las críticas que puedan existir entre actores públicos, la exigencia planteada por Robles Montoya es que las autoridades investiguen.

Que determinen quién envió los mensajes.

Que establezcan si existe una autoría intelectual o material.

Y, sobre todo, que se determine si detrás de las amenazas existe una motivación política.

Porque una amenaza puede comenzar en un mensaje directo, en una cuenta de redes sociales, en una pantalla.

Pero si las autoridades no investigan, el riesgo es que termine convirtiéndose en algo mucho más grave.

Y esa, precisamente, es la razón por la que Benjamín Robles decidió hacer pública la denuncia y llevarla ante la Fiscalía General de la República.