El problema del Plan México no está necesariamente en sus intenciones. Está en el diagnóstico que lo sostiene.

Esa es, en esencia, la lectura que hace el empresario Gerardo Gutiérrez Candiani sobre la estrategia económica del gobierno. El proyecto parte de una premisa ambiciosa: elevar la inversión total del país a 25% del PIB en 2026 y llevarla hasta 28% hacia 2030. El problema es que México llega a este momento con una inversión cercana a 22% y con una inversión real que ha venido cayendo.

La pregunta, entonces, no es solamente cómo invertir más. Es por qué México dejó de generar las condiciones para hacerlo.

Y ahí, sostiene Gutiérrez Candiani, está la principal debilidad del Plan México.

El proyecto recoge ideas interesantes y propone una política industrial con objetivos claros: soberanía alimentaria, transición energética, seguridad, salud, innovación, infraestructura y desarrollo tecnológico. También plantea un Estado con mayor capacidad para orientar la economía y establecer condiciones a las empresas que participen en proyectos estratégicos, incluyendo compromisos de contenido nacional, investigación y desarrollo.

Sobre el papel, suena atractivo.

El problema aparece cuando se confronta esa propuesta con el Estado que realmente existe.

Para Gutiérrez Candiani, el diagnóstico pasa por alto factores estructurales que explican el estancamiento de la economía: la desarticulación institucional, la presión fiscal, el debilitamiento de las capacidades del Estado, el deterioro de las condiciones jurídicas y la captura de instituciones públicas.

Es una contradicción de fondo: se pretende que el Estado sea el gran conductor del desarrollo económico, pero al mismo tiempo se ha debilitado precisamente la capacidad estatal que se necesitaría para hacerlo.

No se puede pedirle al Estado que dirija una transformación industrial si antes no se garantiza que tenga instituciones sólidas, funcionarios capaces, reglas estables y capacidad para ejecutar políticas públicas.

El planteamiento tiene también otra dimensión.

El informe en el que se inspira buena parte de esta visión retoma las ideas de Mariana Mazzucato sobre el llamado Estado emprendedor: un gobierno que no se limita a corregir fallas del mercado, sino que establece misiones, orienta recursos y participa activamente en la construcción de nuevos sectores económicos.

Pero trasladar esa idea a México exige mucho más que modificar leyes o presupuestos.

Las economías que han logrado convertirse en potencias industriales no lo hicieron únicamente porque sus gobiernos gastaran más o porque diseñaran planes nacionales. China y otras economías asiáticas combinaron política industrial con burocracias profesionales, meritocracia estatal, educación de calidad, infraestructura, inversión tecnológica y una agresiva estrategia para atraer capital.

México, en cambio, llega a esta discusión después de años de debilitamiento institucional y de políticas de austeridad que, en algunos casos, terminaron afectando capacidades públicas fundamentales.

Por eso el reto no consiste únicamente en conseguir que las empresas inviertan más. Consiste en reconstruir las condiciones que hacen racional esa inversión.

Una empresa puede recibir incentivos fiscales, acceso a infraestructura o facilidades administrativas. Pero si enfrenta incertidumbre jurídica, instituciones debilitadas, reglas que cambian constantemente o un Estado con poca capacidad de ejecución, el incentivo pierde valor.

La inversión no responde solamente a subsidios. Responde a certidumbre.

Y la certidumbre no se decreta en un plan.

Se construye con instituciones.

El Plan México puede tener buenas ideas. Puede incluso identificar correctamente algunos de los sectores estratégicos que el país necesita desarrollar. Pero si no reconoce las causas profundas del estancamiento, corre el riesgo de convertirse en otra gran estrategia escrita desde el gobierno que no logra traducirse en resultados.

La paradoja es evidente: se quiere un Estado más fuerte para impulsar el desarrollo, pero primero habría que reconstruir el Estado capaz de hacerlo.

Porque una política industrial sin instituciones sólidas puede terminar siendo solamente política.

Y lo que México necesita no es otro documento con grandes objetivos. Necesita las capacidades para cumplirlos.