El Gobierno del Estado avanza en el proceso para construir una nueva Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con el objetivo de incorporar al marco jurídico la realidad intercultural, plurilingüe y multicultural de la entidad, informó el consejero jurídico del Gobierno estatal, Geovany Vásquez Sagrero.

En #EnlaceOaxaca, el funcionario explicó que la propuesta parte de la necesidad de actualizar una Constitución que, desde su perspectiva, no refleja plenamente la composición actual de Oaxaca ni las transformaciones sociales, tecnológicas y jurídicas que ha experimentado la entidad.

Vásquez Sagrero señaló que el gobernador Salomón Jara Cruz planteó desde el inicio de su administración la necesidad de reconocer constitucionalmente la diversidad de los pueblos originarios y avanzar hacia un nuevo pacto social.

Recordó que, como parte de los trabajos por el bicentenario de la primera Constitución de Oaxaca de 1825, el 10 de enero de 2025 se instaló una comisión encargada de impulsar diversas actividades y, posteriormente, se realizaron foros en las ocho regiones del estado.

De acuerdo con el consejero jurídico, estos ejercicios permitieron recoger cerca de 9 mil participaciones ciudadanas y documentar más de mil 800 propuestas, elaboradas directamente por ciudadanos que plantearon cómo debería concebirse el Oaxaca del presente y del futuro.

Una Constitución intercultural

Uno de los principales planteamientos es que la nueva Constitución tenga un carácter intercultural y reconozca plenamente la diversidad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Vásquez Sagrero explicó que la propuesta contempla, entre otros aspectos, elevar a rango constitucional la Sala Indígena del Tribunal Superior de Justicia, además de fortalecer los mecanismos de protección de los derechos de los pueblos originarios.

También se plantea reconocer a las comunidades como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que les permitiría contar con mayores herramientas para defender sus bienes, patrimonio y expresiones culturales.

El funcionario puso como ejemplo la apropiación o comercialización de elementos vinculados con la identidad de los pueblos, como nombres, textiles y otros productos culturales, situaciones en las que actualmente las comunidades pueden enfrentar dificultades para determinar quién tiene la representación jurídica para reclamar sus derechos.

Con el nuevo reconocimiento constitucional, explicó, las comunidades tendrían mayores instrumentos legales para proteger su patrimonio cultural material e inmaterial.

Programas sociales como derechos constitucionales

Otro de los planteamientos consiste en incorporar determinados programas y apoyos sociales como derechos constitucionales, de manera que no dependan exclusivamente de la decisión de las administraciones en turno.

Entre los ejemplos mencionó la iniciativa de inscripción cero para estudiantes de bachilleratos estatales, así como programas relacionados con el primer empleo y apoyos dirigidos a mujeres.

El objetivo, explicó, es que estos beneficios tengan un respaldo constitucional que garantice su permanencia y evite que puedan desaparecer simplemente por una decisión administrativa de futuros gobiernos.

Vásquez Sagrero señaló que, en el caso de la inscripción cero, el Gobierno del Estado deja de recaudar alrededor de 300 millones de pesos que anteriormente ingresaban por este concepto, pero que la medida representa una política de apoyo a los jóvenes.

Participación ciudadana, el siguiente paso

El consejero jurídico destacó que el proceso todavía se encuentra en una etapa en la que la ciudadanía puede participar y aportar propuestas sobre el contenido de la nueva Constitución.

Explicó que, al tratarse de un nuevo pacto social y no de una reforma legislativa ordinaria, el proceso contempla una amplia discusión pública y la realización de consultas, particularmente con los pueblos y comunidades originarias, bajo los principios establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Estimó que deberán realizarse, como punto de partida, al menos 18 foros correspondientes a los pueblos originarios de Oaxaca, aunque será la comisión y posteriormente el Congreso del Estado quienes determinen el desarrollo definitivo de las consultas y etapas deliberativas.

Una vez concluida esta fase, las propuestas deberán ser sistematizadas para integrar un proyecto y posteriormente un dictamen que será sometido a discusión y votación del Congreso del Estado, siguiendo el proceso legislativo correspondiente.

Un proceso que podría concluir durante el actual gobierno

Sobre los tiempos, Geovany Vásquez Sagrero consideró viable que el proceso pueda concluir durante la actual administración estatal.

Estimó que la etapa de consulta podría extenderse entre 12 y 16 semanas, aunque podría requerir más tiempo, a lo que se sumaría el trabajo de las comisiones legislativas para analizar las propuestas, elaborar el dictamen y someterlo a consideración del pleno.

El consejero jurídico consideró que, de concretarse, la nueva Constitución representaría uno de los principales legados de la administración del gobernador Salomón Jara Cruz y, al mismo tiempo, un momento relevante para la historia jurídica de Oaxaca.

La propuesta, subrayó, busca construir una Constitución que no sólo reconozca las raíces históricas de Oaxaca, sino que también responda a la entidad del presente, marcada por nuevas tecnologías, gobiernos digitales, internet y transformaciones sociales, sin dejar de lado la identidad y los derechos de sus pueblos originarios.