Eliminar obstáculos para denunciar y acreditar el hostigamiento sexual, así como incorporar las conductas realizadas mediante medios digitales, son algunos de los objetivos de una iniciativa que busca reformar el Código Penal de Oaxaca.

El proyecto fue presentado por el diputado César David Mateos Benítez, integrante de Morena, y contempla modificaciones al artículo 241 Bis para evitar que las víctimas deban demostrar un daño o sufrimiento psicoemocional como condición para que se configure el delito.

Uno de los cambios planteados consiste en sustituir el término “asedie”, cuya interpretación puede asociarse con una conducta repetitiva, por una redacción que permita sancionar el hostigamiento sexual cometido una o varias veces.

También se pretende ampliar las conductas contempladas en la legislación para incluir solicitudes de favores sexuales, insinuaciones y propuestas de carácter erótico o sexual, tanto explícitas como implícitas, sin importar si se realizan de manera presencial o mediante plataformas digitales.

La iniciativa establece un incremento de hasta una mitad en las penas de prisión cuando las víctimas sean menores de 18 años o personas que no puedan comprender el significado del hecho. En estas circunstancias, los delitos serían perseguidos de oficio.

Respecto a las sanciones, se plantea mantener las penas de dos a cuatro años de prisión y multas de 200 a 400 veces el valor de la UMA. También se conservarían la destitución e inhabilitación para quienes, desde cargos públicos, docentes o religiosos, utilicen las condiciones de su posición para cometer el ilícito.

Otro punto relevante es la reparación del daño. El proyecto propone que las víctimas que pierdan su empleo a consecuencia del hostigamiento reciban una compensación económica equivalente a la indemnización por despido injustificado, tomando en cuenta su antigüedad laboral y el lucro cesante.

La reforma busca adecuar la legislación de Oaxaca a los estándares internacionales de protección de los derechos de las mujeres, entre ellos los establecidos en la Convención de Belém do Pará y la CEDAW, además de incorporar criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local, donde será analizada y dictaminada antes de continuar su proceso legislativo.