La iniciativa contempla hasta un año de cárcel, multas económicas y la reposición de tres árboles por cada ejemplar afectado; las penas aumentarían cuando existan agravantes.

Derribar, envenenar, quemar o destruir intencionalmente árboles en parques, jardines, plazas y otros espacios públicos podría convertirse en un delito sancionado con prisión en Oaxaca, de acuerdo con una iniciativa presentada ante el Congreso del Estado.

La propuesta fue impulsada por la diputada Sandra Daniela Taurino Jiménez, integrante de Morena, y busca adicionar los artículos 388 Ter y 388 Quáter al Código Penal estatal para establecer sanciones contra quienes ocasionen daños al arbolado urbano sin contar con autorización de las autoridades correspondientes.

El proyecto contempla penas de tres meses a un año de prisión y multas de 50 a 300 días de salario para quienes realicen acciones como tala, derribo, anillado, envenenamiento, quema, mutilación o destrucción total o parcial de árboles ubicados en bienes de uso común y áreas verdes públicas.

Tres árboles por cada ejemplar dañado

Además de las sanciones penales y económicas, la iniciativa propone que quienes resulten responsables tengan la obligación de reparar el daño ambiental.

Cuando no sea posible restituir directamente el ejemplar afectado, deberán plantar al menos tres árboles de especies nativas o adecuadas al entorno por cada uno de los dañados y garantizar su mantenimiento durante dos años.

El proyecto también plantea que las penas de prisión puedan sustituirse, conforme a la legislación aplicable, preferentemente por trabajo comunitario en actividades de reforestación, conservación de espacios verdes y educación ambiental.

Las sanciones aumentarían en zonas protegidas

La propuesta contempla incrementar hasta en una mitad las penas cuando las afectaciones involucren tres o más árboles, ocurran en áreas naturales protegidas, zonas de monumentos o sitios de valor histórico y cultural, o tengan como finalidad obtener ganancias mediante el aprovechamiento, transporte o comercialización de madera.

Si la persona responsable es servidora pública, también podría enfrentar la destitución de su cargo y la inhabilitación para desempeñar otro por un periodo equivalente a la pena de prisión impuesta.

No se sancionarían las intervenciones justificadas

La iniciativa establece que no se procederá penalmente cuando las intervenciones cuenten con autorización, dictamen o programa de manejo expedido por la autoridad competente.

La misma excepción aplicaría para los derribos o podas necesarios ante riesgos inminentes para la vida, la integridad de las personas, los bienes o los servicios públicos, así como cuando existan razones fitosanitarias debidamente determinadas por las autoridades.

La propuesta fue presentada durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXVI Legislatura y turnada a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, donde será analizada y dictaminada.