Hay un tema que se repite, una y otra vez, en la conversación pública sobre seguridad y justicia en México: la sensación de que la reforma judicial avanza, pero la procuración de justicia sigue rezagada. Y en medio de ese diagnóstico, la diputada federal Mariana Benítez Tiburcio pone el acento donde, dice, está el verdadero nudo del problema: las fiscalías.

La legisladora parte de una distinción que suele perderse en el debate público: por un lado, la impartición de justicia —el Poder Judicial— y por otro, la procuración de justicia, es decir, las fiscalías. Dos mundos que deberían estar coordinados, pero que en la práctica operan con tensiones, rezagos y, sobre todo, con una carga de desconfianza ciudadana que no cede.

Benítez Tiburcio recuerda que la discusión sobre la reforma al Poder Judicial no es nueva, sino parte de una segunda etapa impulsada desde el gobierno federal. En ese contexto, menciona los ajustes recientes realizados en el periodo extraordinario de mayo, donde —según relata— se incorporaron propuestas para darle mayor certeza a los procesos de evaluación de candidatos, incluyendo exámenes y nuevas reglas para las elecciones judiciales.

Pero el punto de quiebre de su argumentación llega después: la reforma judicial puede avanzar, sí, pero el eslabón débil sigue siendo la investigación de los delitos.

“Si ese eslabón está frágil, todo el sistema se debilita”, plantea la diputada, al insistir en que las fiscalías deben colocarse en el centro de la siguiente gran reforma del Estado. No es un tema menor: según cifras que cita, alrededor del 63% de la población no confía en las instituciones de procuración de justicia.

Y ahí aparece una precisión política relevante. No se trata solo de la Fiscalía General de la República, hoy encabezada por Ernestina Godoy Ramos en su mención dentro del esquema institucional del debate, sino —sobre todo— de las fiscalías estatales, donde, afirma, se concentra la mayor parte de los delitos que impactan directamente a la ciudadanía.

El argumento es claro: la mayoría de los delitos se investigan a nivel local, con códigos penales propios, capacidades desiguales y estructuras que, en muchos casos, siguen siendo insuficientes. De ahí que la diputada hable de una urgencia: fortalecer el modelo de fiscalías antes de que el sistema colapse por ineficiencia.

En paralelo, la conversación inevitablemente toca el terreno de la seguridad pública. Benítez Tiburcio retoma las cifras oficiales más recientes en materia de homicidios dolosos, que —según expone— muestran una reducción significativa a nivel nacional y también en entidades como Oaxaca. Para ella, estos datos reflejan que la estrategia de seguridad está funcionando.

El punto, sin embargo, no es solo la tendencia estadística, sino lo que viene después: qué ocurre con los casos que sí llegan a las fiscalías. Porque ahí, advierte, comienza otro problema estructural: carpetas que no avanzan, investigaciones que no se judicializan y expedientes que no terminan en sentencia.

En ese contexto, la diputada también responde a las críticas que cuestionan la caída en homicidios y sugieren que podría existir manipulación de cifras o un “traslado” hacia otras categorías del delito, como desapariciones. Su respuesta es directa: los datos provienen del Sistema Nacional de Seguridad Pública y siguen metodologías específicas, no decisiones discrecionales desde oficinas políticas.

Aun así, reconoce que hay zonas de tensión, particularmente en la clasificación de delitos como el feminicidio, donde insiste en la importancia de homologar criterios para evitar subregistros o malas tipificaciones.

El otro eje del debate es la estrategia de seguridad del gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, que la diputada describe como una política basada en cuatro pilares: atención a las causas, inteligencia, coordinación interinstitucional y despliegue operativo. En su lectura, no se trata de una ruptura total con el pasado inmediato, sino de una evolución con mayor énfasis en inteligencia y coordinación.

También reivindica —aunque con matices— la estrategia de Andrés Manuel López Obrador, particularmente en su enfoque de “atención a las causas”, que según expone, ha implicado millones de intervenciones sociales a jóvenes y comunidades vulnerables.

Sin embargo, el debate de fondo regresa una y otra vez a la misma pregunta: ¿qué tan sostenible es una mejora en seguridad si las fiscalías siguen sin fortalecerse?

La diputada insiste en que ahí está el punto ciego del sistema. Falta presupuesto, faltan capacidades técnicas, faltan recursos básicos incluso —dice— para peritajes, insumos o infraestructura mínima. En algunos casos, relata, los propios peritos terminan financiando materiales de trabajo.

El diagnóstico es duro: fiscalías que operan como cascarones institucionales, con áreas especializadas en feminicidio o desapariciones que existen en el organigrama, pero no siempre en la realidad operativa.

Y es ahí donde lanza su advertencia política: la próxima gran discusión del país no será solo judicial, sino ministerial. Porque mientras la justicia no se materialice en sentencias, la percepción de impunidad seguirá intacta, independientemente de las cifras que se presenten en los informes oficiales.

La entrevista cierra con una idea que funciona casi como resumen del dilema mexicano: hay avances en seguridad, hay mejoras en indicadores, pero el sistema de justicia sigue dependiendo de una pieza clave que no termina de funcionar. Y esa pieza, insiste la diputada, no está en los tribunales, sino en las fiscalías.