El empresario y expresidente de organismos como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, expresó su preocupación por la propuesta de regulación en materia de telecomunicaciones y derechos de las audiencias, al considerar que podría convertirse en un mecanismo de censura indirecta y representar un retroceso para la libertad de expresión en México.

En #EnlaceOaxaca, Gutiérrez Candiani cuestionó los argumentos oficiales de que la iniciativa busca únicamente proteger a las audiencias y negó que las nuevas disposiciones carezcan de riesgos para el ejercicio periodístico.

Afirmó que las experiencias internacionales demuestran que regulaciones similares han derivado en censura o autocensura de los medios de comunicación. En ese sentido, citó los señalamientos del relator especial para la Libertad de Expresión de la ONU, el mexicano Leopoldo Maldonado Gutiérrez, quien —dijo— ha advertido sobre el uso de este tipo de normas en distintos países para limitar la libertad de expresión.

El empresario también hizo referencia a mecanismos implementados en México, como las secciones gubernamentales para desmentir información y plataformas dedicadas a verificar contenidos digitales, las cuales, desde su perspectiva, han servido para desacreditar críticas dirigidas al gobierno y a periodistas.

Entre los aspectos que más le preocupan de la propuesta, mencionó la desaparición de la autonomía del regulador, al señalar que la nueva Comisión Regulatoria de Telecomunicaciones dependería directamente del Poder Ejecutivo, a diferencia del anterior Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Asimismo, cuestionó la obligación de separar de manera estricta los contenidos informativos, de opinión y publicitarios, así como la incorporación de criterios de “veracidad informativa”, la obligación de rectificar contenidos y la regulación del derecho de réplica.

También criticó que los concesionarios deban elaborar códigos de ética sujetos al registro y supervisión de la autoridad, además de la creación de defensorías de audiencias encargadas de recibir quejas ciudadanas, lo que, consideró, podría prestarse a campañas organizadas para presionar a medios de comunicación.

Otro de los puntos señalados fue el régimen de sanciones económicas contemplado en la iniciativa. Gutiérrez Candiani advirtió que las multas podrían alcanzar hasta el uno por ciento de los ingresos anuales de los concesionarios, lo que, a su juicio, generaría un efecto inhibitorio sobre el trabajo periodístico.

El empresario resumió sus preocupaciones en cuatro ejes: el riesgo de que el Estado se convierta en “árbitro de la verdad”; la pérdida de autonomía del órgano regulador; la posibilidad de censura indirecta mediante sanciones económicas; y la eventual utilización de mecanismos de queja para hostigar a medios y comunicadores.

Durante la entrevista también sostuvo que, en la práctica, resulta prácticamente imposible separar de forma absoluta la información de la opinión en formatos como la radio y la televisión, por lo que consideró que las nuevas disposiciones serían difíciles de aplicar sin afectar la labor informativa.

Finalmente, al ser cuestionado sobre las alternativas en caso de que la reforma sea aprobada, Gutiérrez Candiani sostuvo que la mejor defensa de los derechos de las audiencias es la libertad de elección de los ciudadanos para decidir qué medios consumir, sin que sea el gobierno quien determine qué contenidos son válidos o veraces.

“Las personas tenemos todo el derecho a tener acceso a los medios de comunicación, independientemente de cuál sea su línea editorial, y decidir qué queremos ver, escuchar o consultar. No tiene que ser el gobierno quien lo determine”, concluyó.