El reconocimiento de la autonomía, la protección del territorio y la participación política de los pueblos afromexicanos forman parte de los derechos que busca incorporar la propuesta de reforma integral a la Constitución de Oaxaca, impulsada por el Gobierno estatal.

La iniciativa, presentada en el contexto del Día del Pueblo Negro Afromexicano de Oaxaca, que se conmemora el 19 de octubre, plantea reconocer a estas comunidades como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

El proyecto contempla garantías para preservar su identidad cultural, sus formas de organización y sus sistemas normativos, así como fortalecer su participación en las decisiones públicas. Estas facultades estarían sujetas al orden constitucional y al respeto de los derechos humanos.

Uno de los componentes centrales es el derecho a la consulta previa, libre e informada sobre medidas legislativas y administrativas que puedan ocasionar impactos significativos en las comunidades. La propuesta también considera su intervención, a través de instancias representativas, en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo.

En cuanto a la protección cultural, se busca salvaguardar los conocimientos tradicionales, las expresiones culturales, el patrimonio biocultural y la propiedad intelectual colectiva. También se propone facilitar el acceso a medios de comunicación sin discriminación y promover contenidos que reflejen la diversidad cultural de Oaxaca.

En materia de bienestar, el proyecto plantea proteger tierras, territorios y lugares sagrados, además de impulsar servicios de salud culturalmente pertinentes, reconocer la medicina tradicional y la partería, y favorecer la participación comunitaria en los modelos educativos.

La reforma también incluye medidas para fortalecer los derechos de las mujeres afromexicanas, atender las necesidades de las personas migrantes y establecer acciones frente al desplazamiento forzado.

Respecto a la representación política, se contempla reconocer mecanismos de participación en los ayuntamientos, candidaturas partidistas e independientes, de acuerdo con las particularidades culturales de cada comunidad.

Para garantizar la defensa de estos derechos, la iniciativa propone mecanismos de acceso a la justicia con asistencia especializada y contempla la creación de instancias judiciales y procedimientos de protección para pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

La propuesta busca establecer un marco constitucional que reconozca los derechos colectivos de estas comunidades y defina responsabilidades institucionales para su protección y ejercicio efectivo.